Respuesta:
EL Estado salvadoreño debería responder de manera firme, legal y equilibrada para proteger el bien
público, el medio ambiente y el orden institucional. Las acciones recomendadas son:
1. Aplicar la Ley de manera inmediata y transparente
• Iniciar procesos administrativos y judiciales contra los responsables de La ocupación.
• Verificar si hay violaciones al Código de Medio Ambiente, la Ley de Urbanismo y Construcción y la Ley de Bienes Nacionales.
• Ordenar el desalojo pacifico con acompañamiento legal y social, garantizando los derechos humanos.
2. Proteger el ecosistema costero de Playa Toluca
• Realizar inspecciones técnicas y estudios de impacto ambiental.
• Coordinar con el Ministerio de Medio Ambiente (MARN) para restaurar áreas afectadas.
• Prohibir toda construcción permanente en la zona pública costera.
3. Abordar causas sociales sin justificar la ilegalidad
• Verificar si hay casos reales de vulnerabilidad social entre los ocupantes.
• Ofrecer alternativas habitacionales legales mediante programas estatales (ej. vivienda social).
• Evitar que se utilice la pobreza como excusa para la usurpación de bienes públicos.
4. Reforzar la vigilancia y la presencia estatal
• Aumentar la presencia de PNC, CNR y alcaldías en zonas costeras vulnerables.
• Establecer zonas protegidas y patrullajes regulares para evitar futuras invasiones.
5. Informary sensibilizar a la población
• Campañas de educación sobre el valor de las playas públicas, el derecho colectivo y los daños de la ocupación ilegal.
• Promover el turismo comunitario sostenible como alternativa legítima y beneficiosa.
Una respuesta pasiva del Estado solo fortalece la ocupación ilegal y pone en riesgo los recursos naturales, el acceso público y el respeto al Estado de derecho.